El denominado buen Gobierno y la buena Administración han supuesto un trascendental impulso a las garantías básicas del Estado social y democrático de Derecho. El legislador ha introducido nuevas garantías procedimentales: la consulta previa a los ciudadanos e interesados, la transparencia de la regulación y de la actuación administrativa, o la motivación de las decisiones públicas. Este contexto de buen Gobierno y buena Administración requiere una Administración que utilice las nuevas tecnologías al servicio de los ciudadanos. La protección de los datos personales será el límite primordial a observar en esta nueva forma de articular la actuación administrativa. Es así como necesariamente debe explicarse y estudiarse mejor la regulación de los grupos de influencia, en el plano legislativo y en la práctica del buen Gobierno y la Administración
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