La presente monografía analiza las diligencias de entrada y de registro en el marco de un proceso penal u orientado hacía éste, así como en aquellos otros supuestos en que la intervención pública sobre el domicilio y otros espacios cerrados pueda derivar en la correspondiente apertura de un proceso penal.

El núcleo principal de análisis parte de las premisas dispuestas en el art. 18.2 CE, a saber, mediando consentimiento, autorización judicial o flagrancia delictiva. Del mismo modo, se examina la más reciente jurisprudencia, realizándose un especial recorrido sobre supuestos relacionados con investigaciones penales complejas, como puedan ser las concernientes al terrorismo u organizaciones criminales.

Asimismo, se delimitan las posibilidades de intervención sobre determinados espacios cerrados que presentan una configuración propia por la concurrencia de derechos fundamentales diversos como, por ejemplo, espacios diplomáticos, despachos profesionales o muy particularmente, templos y lugares de culto.

Se valoran, también, los estándares que informan la práctica de los correspondientes registros en situaciones diversas, tanto sobre documentos, papeles o libros como las posibilidades que plantean la incautación, análisis y utilización de la información obrante en dispositivos de almacenamiento masivo de información y, muy particularmente, el registro remoto de equipos informáticos. 

En definitiva, se aporta una perspectiva integral en cuanto al tratamiento operativo, procesal y jurisprudencial de la intervención pública que representa la entrada y registro en los diferentes escenarios en que se puede plantear.