El Derecho de la Competencia español tiene como objetivo principal la salvaguarda del proceso competitivo del mercado para, en última instancia, proteger al consumidor. En aras a satisfacer dicho propósito, la normativa de competencia pretende disuadir a las empresas de desarrollar conductas colusorias, de abusar de su posición de dominio o de falsear la libre competencia por la comisión de actos desleales.
Sin embargo, esta pretendida disuasión no es tan efectiva como sería de esperar. La redacción y aplicación de la normativa de competencia presenta carencias que pueden ser abordadas, bien proponiendo cambios en la redacción de la propia norma, o bien modificaciones en la manera en la que la CNMC interpreta y aplica el texto legal. Sin duda, el resultado redundaría en una mejora en el efecto disuasorio del sistema sancionador.
Los cambios deben llevarse a efecto sin olvidar que España forma parte del Mercado Único Europeo, por lo que pueden tomarse como ejemplo las actuaciones desarrolladas desde la UE —tanto en su legislación, como en las decisiones de la Comisión europea— para tratar de evitar que se desarrollen conductas anticompetitivas semejantes a las que la normativa nacional intenta evitar. De hecho, aunque la normativa española es conforme a la europea, su aplicación no está resultado eficaz en lo que a disuasión se refiere.
La presente monografía, además de determinar que la normativa y la práctica de la UE ofrecen soluciones que se podrían trasladar a nuestro ámbito nacional, plantea mejoras concretas que afectan tanto a los aspectos subjetivos y materiales del sistema sancionador español —órgano sancionador, tipicidad de las conductas anticompetitivas, sujeto infractor—, como a la finalización del procedimiento sancionador —prescripción y caducidad, terminación convencional, imposición de una sanción—.
CAPÍTULO 1. La competencia en el derecho estatal a la luz de la experiencia europea: la necesidad de proteger el proceso competitivo del mercado como objetivo del derecho de la competencia
I. Introducción
II. Objetivo del Derecho de la competencia: la protección del sistema competitivo, como punto de partida, y la protección del consumidor, como fin último de la defensa de la competencia
III. Las conductas anticompetitivas: análisis comparado de las conductas que el Derecho de la competencia, tanto nacional como europeo, pretende disuadir
IV. Alternativas para lograr una efectiva protección del proceso competitivo del mercado: la educación y la sanción como mecanismos complementarios de disuasión
1. La educación: la labor educativa como medio de concienciación de la importancia de proteger la competencia
2. La sanción: la necesidad de imponer sanciones para garantizar el efecto disuasorio de la normativa de competencia
V. La disuasión como finalidad de las autoridades de competencia: su preminencia, tanto en la labor de promoción como en la labor de defensa de la competencia, sobre la tesis de la retribución o la tesis de la rehabilitación
1. Beneficios de la disuasión para el consumidor, el mercado, el territorio y las autoridades de competencia nacional y europea
2. Límites de la disuasión: las dificultades para obtener un efecto disuasorio adecuado
CAPÍTULO 2. Análisis jurídico-práctico comparado de los aspectos subjetivos y materiales del sistema sancionador español y europeo de derecho de la competencia: los elementos que necesariamente deben concurrir para considerar sujeto responsable a un infractor
I. Introducción
II. El órgano sancionador: análisis de la pluralidad de autoridades de competencia que coexisten en el ámbito nacional y europeo
1. Descentralización: el incremento del efecto disuasorio de la normativa de competencia y la mejora de la labor de promoción de la competencia como beneficios de una aplicación descentralizada
2. Coordinación: la necesidad de articular mecanismos de colaboración como exigencia de una aplicación descentralizada
III. La tipicidad de las conductas anticompetitivas: las diferencias entre la normativa europea e interna que inciden negativamente en la detección, incoación y sanción en el ordenamiento jurídico interno de las conductas anticompetitivas
1. Graduación de las infracciones: la limitación innecesaria de la discrecionalidad de la autoridad de competencia a la hora de valorar la gravedad de la infracción
2. Conducta tipificada en el artículo 1 LDC: la innecesaria redundancia en la redacción del tipo
3. Conducta tipificada en el artículo 3 LDC: la indeseada habilitación a las autoridades de competencia para conocer sobre conductas desleales a través de un tipo inexistente en el Derecho de la UE
4. Exención de las conductas potencialmente anticompetitivas: de la exención legal —artículo 4 LDC— y de las conductas de menor importancia —artículo 5 LDC—
IV. El sujeto infractor: dificultades, dada la redacción actual de la normativa de competencia, en la determinación del sujeto infractor y su responsabilidad
1. Elemento personal: deficiencias derivadas de la discordancia, en algunos supuestos, en la calificación del sujeto infractor como sujeto responsable
2. Elemento volitivo: la distinción entre una conducta apta para restringir la competencia y una conducta efectivamente querida para distorsionar la competencia
CAPÍTULO 3. Análisis jurídico-práctico comparado de la finalización del procedimiento sancionador del derecho de la competencia español y europeo: elementos que hacen apetecible la comisión de la infracción anticompetitiva
I. Introducción
II. La prescripción y la caducidad: análisis de las instituciones que, por el transcurso del tiempo, suponen tener que poner fin al procedimiento sancionador
1. El plazo de prescripción de la potestad sancionadora: la difícil detección de las conductas anticompetitivas y la criticable vinculación en Derecho interno entre clasificación de la infracción y prescripción
2. El plazo de caducidad del procedimiento sancionador: diferencias irreconciliables del instituto de la caducidad en el procedimiento administrativo sancionador en la UE y el Estado español
III. La terminación convencional: los pretendidos beneficios y mitos encubiertos de aceptar una terminación anticipada del procedimiento sancionador
1. Los compromisos vinculantes: aspectos positivos y riesgos de la configuración de la terminación convencional en el ordenamiento jurídico español
2. Los acuerdos transaccionales: la imposibilidad para las autoridades españolas de competencia de acudir a un acuerdo transaccional
IV. La finalización ordinaria del procedimiento administrativo sancionador: las dificultades de las autoridades de competencia a la hora de determinar la sanción concreta
1. Las personas físicas como sujeto infractor: de la práctica inaplicación del artículo 63.2 LDC al reciente aumento de supuestos en los que se ha sancionado a personas físicas
2. Las Administraciones públicas como sujeto infractor: la necesaria plena sumisión de su operar en el mercado a la normativa de competencia
3. La cuantía de la sanción: la apriorística impredecibilidad de la cuantía en aplicación de los factores que se utilizarán para su cálculo
4. El programa de clemencia: el tercer pilar, junto a la detección y la disuasión, para una efectiva lucha contra las perniciosas infracciones del artículo 1 LDC
5. La imposición de multas simbólicas: el cuestionable recurso a sanciones inusitadamente reducidas
V. La revisión en vía judicial: alternativas para incrementar el efecto disuasorio de las sanciones en un escenario donde está vedada la reformatio in peius
1. La postura de la autoridad de competencia: claves para garantizar el mantenimiento de las sanciones impuestas por la autoridad de competencia
2. La postura de los jueces: la participación de los titulares del órgano jurisdiccional en la creación del Derecho de la competencia
CONCLUSIONES
Listado de tablas, ilustraciones y fórmulas
Bibliografía
Resoluciones nacionales
Jurisprudencia nacional
Decisiones de la Comisión Europea
Jurisprudencia europea
