SINOPSIS
El principio de responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por violaciones del Derecho de la Unión es uno de los principios fundamentales de dicho ordenamiento jurídico. La presente obra somete a una revisión crítica algunos de sus elementos fundamentales a la luz de los desarrollos recientes de la jurisprudencia del TJUE.
- Sistematización del principio de responsabilidad del Estado basándose en la jurisprudencia y doctrina "clásicas
- Comentario de la jurisprudencia existente, proponiendo y explorando nuevas soluciones.
- La presente obra se sitúa directamente en el plano del Derecho de la Unión Europea haciendo un análisis y propuestas válidas a nivel general, no reducidas al ámbito español.
Sara Iglesias Sánchez es letrada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Destinado a abogados en el ámbito del Derecho Constitucional y Europeo. Extracto: El principio de responsabilidad del Estado por los daños causados en violación del Derecho de la Unión constituye, en parte, la vara de medir la efectividad de la protección jurisdiccional que el Derecho de la Unión está preparado para ofrecer y salvaguardar. El propósito de este estudio es el de pasar revista a desarrollos relativamente recientes que pueden aportar elementos de reflexión para contribuir a una transformación o flexibilización de algunos de los elementos que pueden restar efectividad a la aplicación práctica del principio de responsabilidad del Estado. Con este propósito este trabajo examina la evolución del principio de responsabilidad no solo en la jurisprudencia relativa al principio de la responsabilidad del Estado, sino también en la jurisprudencia relativa a la responsabilidad extracontractual de la propia Unión y de sus Estados miembros frente a la Unión misma, así como el importante impacto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Sobre la base de estos desarrollos, la obra propone una revisión crítica de algunos de los elementos de la construcción jurisprudencial del principio de responsabilidad del Estado, en particular, de la interpretación del criterio de la violación suficientemente caracterizada y de la aplicación de los principios de equivalencia y efectividad.
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