El conflicto de intereses en el seno de los patronatos de las fundaciones es una materia escasamente tratada en la literatura jurídica especializada, no obstante su importancia, ya que define en última instancia la responsabilidad de las personas que se ocupan de la gestión.

La materia del conflicto de intereses es relativamente novedosa en el ordenamiento jurídico español, si bien en los últimos años ha tenido un importante auge legislativo en sociedades mercantiles (dentro del ámbito del government compliance y de la responsabilidad en la gestión empresarial). Para el ámbito de las fundaciones, la legislación mercantil se analiza, en la medida necesaria para extraer conceptos y conclusiones.

Del trabajo se podrían destacar dos aspectos significativos:

En primer lugar y a partir de una introducción general sobre las fundaciones, se aborda el estado regulatorio del conflicto de intereses en las fundaciones en España (difícil de abarcar en su conjunto incluso para expertos en la materia, dada la dispersión legislativa existente), tanto a nivel Estatal, como en las diversas Comunidades Autónomas con competencia en esta materia. La legislación catalana, por su mayor regulación del tema tratado, se utiliza como base para efectuar el análisis.

En segundo lugar, y contando con la larga experiencia de los autores en materia de fundaciones, se enfocan las explicaciones no sólo desde el punto de vista legislativo y teórico, sino que se aporta la visión práctica sobre la materia de conflicto de intereses, de la que no hay apenas referencias en la bibliografía.

La proliferación de casos reales en los que la decisión sobre la existencia o no de un conflicto de intereses, puede llevar a los gobernantes de las fundaciones (los patronos) y de las asociaciones declaradas de utilidad pública, a la responsabilidad personal ante determinadas actuaciones (de las que se ignoran las consecuencias), o a una administración pública (los Protectorados) a exigirla, justifican este trabajo, en la esperanza de que, aquellos que tienen interés en el buen gobierno de una fundación –fundadores, patronos y directivos–, los profesionales –abogados, auditores, economistas– e incluso los Protectorados, tengan una base conceptual y comparativa que les ayude a la toma de decisiones de forma responsable.