Descripción

SINOPSIS

El delito de blanqueo de capitales tiene una doble función de control (marco preventivo) en nuestra legislación nacional: ADMINISTRATIVO con la Ley 10/2010, de 28 de abril (ley de obligado cumplimiento) y PENAL como delito integrado en el catálogo de delitos que puede cometer la persona jurídica (compliance).

• Análisis del delito de blanqueo de capitales en los dos ámbitos (administrativo y penal).
• Actualizado conforme a la Ley 10/2010, todas las empresas tienen que cumplir, con sanciones muy elevadas previstas.
• Incluye las últimas modificaciones de las reformas de la ley 10/2010, de 28 de abril por RDley 7/2021, de 27 de abril, LO 9/2022, de 28 de julio, ley 18/2022, de 28 de septiembre y orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre.

María Victoria Vega Sánchez es abogada especializada en Derecho Penal Económico.

Destinado a empresas, notarios, registradores, auditores, fiscalistas ,abogados, entidades financieras y personas jurídicas en general.

Extracto:

La Ley 10/2010, de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es una ley administrativa de obligado cumplimiento que contempla las sanciones más altas y con consecuencias más graves para empresas, empresarios y profesionales de todos los sectores económicos de nuestro país.

Estos dos últimos años 2021-2022 la Ley 10/2010 ha sido reformada por R.D Ley 7/2021, de 27 de abril; L.O 9/2022, de 28 de julio. Ley 18/2022, de 28 de septiembre y Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, motivando la necesidad de compilar las nuevas modificaciones legislativas en este manual con carácter eminentemente práctico, que además de estar actualizado normativamente con las reformas legislativas operadas, incluye metodología para realizar los protocolos de prevención exigidos por Ley.

Se recogen las importantes modificaciones normativas que han supuesto estas reformas en la Ley 10/2010 y que afectan entre otros a: medios de pago, firma electrónica cualificada, nuevos sujetos obligados, excepciones al consentimiento del interesado en el cumplimiento del RGPD, creación de sistemas comunes en materia de diligencia debida a sujetos obligados de la misma categoría ficheros de Titularidad Financiera.

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Autores

María Victoria Vega Sánchez es abogada especializada en Derecho Penal Económico.