SINOPSIS

La identificación y el alcance de las causas de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos siempre han constituido un objeto de debate entre la doctrina administrativista y los operadores jurídicos. Con un legislador, en ocasiones, poco riguroso con las categorías propias de la teoría de la invalidez y una jurisprudencia cambiante, e incluso contradictoria en esta materia, el presente trabajo pretender responder a la pregunta de qué actos administrativos merecen la calificación de nulos, así como la determinación de los efectos prácticos de esa calificación. Para ello, se partirá de un análisis de la teoría general de la invalidez para, después, aplicarla coherentemente a los actos administrativos a la luz de dos de los más importantes principios generales del Derecho como son el principio de legalidad estricta y el de seguridad jurídica.

• Exhaustivo análisis de la jurisprudencia del TS y de los Dictámenes del Consejo de Estado que permite conocer el estado de la cuestión de cada causa de nulidad.
• Propone y justifica soluciones reales a la hora de determinar qué actos administrativos son nulos, anulables o válidos y cuál es el procedimiento y los efectos de la declaración de nulidad o anulabilidad.

Alberto Picón Arranz es profesor en la Universidad de Valladolid
Destinado a abogados y demás aplicadores del Derecho u operadores jurídicos.

Extracto:
La identificación y el alcance de las causas de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos siempre han constituido un objeto de debate entre la doctrina administrativista y los operadores jurídicos. Con un legislador, en ocasiones, poco riguroso con las categorías propias de la teoría de la invalidez y una jurisprudencia cambiante, e incluso contradictoria en esta materia, el presente trabajo pretender responder a la pregunta de qué actos administrativos merecen la calificación de nulos, así como la determinación de los efectos prácticos de esa calificación. Para ello, se partirá de un análisis de la teoría general de la invalidez para, después, aplicarla coherentemente a los actos administrativos a la luz de dos de los más importantes principios generales del Derecho como son el principio de legalidad estricta y el de seguridad jurídica..

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