La prueba de ADN e intervenciones corporales en la investigación penal

Un análisis en profundidad sobre la eficacia probatoria de la prueba de ADN, partiendo de la distinción entre intervenciones corporales e inspecciones y registros corporales.
Sofía Frieyro Elícegui
132
BOSCH
978-84-9090-401-5
978-84-9090-402-2
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La presente obra plantea la eficacia probatoria de la prueba de ADN. Partiendo de la delimitación y distinción entre intervenciones corporales e inspecciones y registros corporales, se diferencian los supuestos en los que la recogida de muestras de ADN se realiza en el lugar del crimen de aquéllos otros en los que se obtiene de muestras voluntariamente abandonadas por el sospechoso, así como también de los casos en los que se adquiere la muestra por intervención en el cuerpo del investigado o sospechoso del delito, pudiendo realizarse con su consentimiento —supuesto éste en el que se analiza la necesidad de asistencia letrada—, o en defecto de consentimiento, por resolución judicial motivada que lo autorice. En los casos en los que falta el consentimiento, se plantea el problema de la negativa a la ejecución coactiva de una medida de intervención corporal, así como las consecuencias que de ello se derivan.

Como premisa previa, la realización de una intervención corporal no puede afectar a la dignidad de la persona, ni a su salud, ni suponer un trato inhumano o degradante. Así, entre los derechos fundamentales afectados se encuentra el derecho a la integridad física y moral; a la intimidad, a la presunción de inocencia, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. La afectación de estos derechos requiere no solo la legalidad de la injerencia, sino también que tenga un fin legítimo y que se adopte mediante resolución judicial motivada, en la que se fundamente la concurrencia de los requisitos de idoneidad y proporcionalidad de la medida, so pena de inconstitucionalidad. Se analiza la jurisprudencia existente en esta materia. También se tratan las consecuencias de la valoración de una prueba ilícitamente obtenida por vulneración de los derechos fundamentales.

Por último, se hace mención a la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, así como a la posible colisión del almacenamiento de datos con el derecho a la autodeterminación informativa, y a la necesidad de disponer de laboratorios acreditados.

Sofía Frieyro Elícegui

Abogada Fiscal Sustituta

Abreviaturas

1. Delimitación del concepto de intervenciones corporales y virtualidad probatoria de los análisis de ADN

2. La recogida de vestigios en el lugar del crimen

3. La recogida de muestras con consentimiento

3.1. La necesidad de asistencia letrada

4. La recogida de muestras sin consentimiento

4.1. Supuestos que requieren autorización judicial

4.2. Supuestos que no requieren autorización judicial

4.3. El uso de la fuerza física o intimidación

5. Los derechos afectados

5.1. La dignidad de la persona

5.2. Derecho a la integridad física y moral

5.3. Derecho a la intimidad

5.4. Derechos a la presunción de inocencia, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable

5.5. Derecho a la libertad

6. Requisitos constitucionales para la práctica de la prueba de ADN

6.1. Principio de legalidad

6.2. Principio de exclusividad jurisdiccional

6.3. Principios de proporcionalidad y racionalidad

6.4. Prueba ilícitamente obtenida

6.5. Jurisprudencia sobre legitimidad constitucional de las intervenciones corporales

7. La base de datos policial de ADN

7.1. Contenido de la base de datos

7.2. Competencia para la inclusión en la base de datos

7.3. La conservación de datos y el derecho a la autodeterminación informativa

7.4. Laboratorios acreditados

Bibliografía