¿Cómo litigar ante el Tribunal Constitucional? Para responder a esta cuestión cabe señalar que, como punto de partida, es preciso que el letrado que asuma este cometido cuente con una sólida especialización en materia de derechos fundamentales. Entre las múltiples razones por las que un especialista en esta disciplina cumple una función fundamental en un despacho de abogados, podrían apuntarse las siguientes: el derecho de propiedad, si bien no es susceptible de amparo ante el Tribunal Constitucional, sí puede fundamentar un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; los derechos fundamentales no son únicamente propios de las personas físicas sino también las personas jurídicas, entre ellas, las empresas; además, la distinción entre legalidad y constitucionalidad que, desde un punto de vista teórico, separa la jurisdicción ordinaria de la constitucional, en la práctica, plantea con frecuencia dudas y dificultades, por lo que el conocimiento profundo de los derechos fundamentales resulta cada vez más necesario.
Cabe subrayar que el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional no es la única vía de aplicación de los derechos fundamentales, sino la última. Este libro proporciona un análisis sintético, con jurisprudencia plenamente actualizada, de todos los requisitos que ha de tener un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional e invita a un cambio de enfoque en la práctica de la defensa de los derechos fundamentales, toda vez que estos deben de aplicarse por los jueces y tribunales en todo tipo de procesos y a través de los distintos procedimientos «preferentes y sumarios» que existen en las diversas ramas jurisdiccionales.
Por todo ello, convendría habituarse a analizar cualquier asunto litigioso desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Además, éste enfoque debería acometerse desde el inicio del asunto, coincidiendo con el primer escrito y acompañándolo a lo largo de su tramitación. Sin duda, esta práctica permitiría aumentar considerablemente las posibilidades de ver reparada la vulneración del derecho fundamental, bien por la jurisdicción ordinaria, o bien, en último extremo, por el Tribunal Constitucional por medio del recurso de amparo.