SINOPSIS
Aborda el problema de la corrupción desde múltiples perspectivas y exhibe los efectos devastadores que provoca para la democracia, así como la necesidad de promover un cambio de paradigma de tolerancia cero hacia este tipo de conductas.
- Una investigación profunda e integral de la corrupción desde un enfoque social, filosófico, jurídico, académico y práctico.
- Eje central novedoso referido a los derechos humanos afectados, el capital social y la democracia.
- Propuesta de medidas y buenas prácticas de carácter general y específico aplicables para mejorar las estrategias anticorrupción.
Diego Sebastián Luciani es fiscal general ante los Tribunales Orales Federales de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Destinado a profesionales del ámbito del Derecho Administrativo, Constitucional y Penal, también funcionarios públicos, organizaciones políticas, el sector empresarial y los organismos no gubernamentales vinculados al combate de la corrupción y a la defensa de los derechos humanos.
Extracto:
La sociedad está harta de la corrupción. Ya no tolera los atropellos y los privilegios de quienes se enriquecen de manera obscena a costa de los recursos del Estado.
En la Argentina y en la región, la corrupción se encuentra enraizada en la Administración pública desde hace 30 años; poco a poco, se ha convertido en estructural y se ha naturalizado. Especialmente en el último tiempo, el poder político ha intentado ocultarla, desoyendo los compromisos internacionales que exhortan a los Estados a adoptar políticas anticorrupción permanentes que trasciendan los Gobiernos, los partidos políticos y cualquier ideología.
Así, se han invisibilizado las consecuencias y los costos devastadores que genera la gran corrupción: pobreza, desigualdad, desconfianza, falta de legitimidad de las instituciones y una afectación directa de los derechos humanos fundamentales de las personas más vulnerables.
En un Estado de derecho sano, quienes tienen la misión de administrar los recursos públicos deben practicar los valores de la ética, la honestidad y la transparencia. Además, deben rendir cuentas de sus actos, permitir el libre acceso a la información y someterse a los controles de instituciones fuertes e independientes.
La ciudadanía, indefensa ante semejantes arbitrariedades y abusos de poder, aplaude la valentía de los jueces y los fiscales que ponen un límite infranqueable a la impunidad de la corrupción. El mensaje claro respecto a que la ley y la Constitución Nacional están por encima de cualquier poder produce alivio y esperanza.
FORMATO
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