La auditoría forense constituye un mecanismo imprescindible en la investigación de los ilícitos que se cometen en la gestión pública. La situación de pobreza y las circunstancias deplorables de millones de mexicanos persisten, entre otras cosas, como consecuencia de actos de ilegalidad cometidos contra la administración pública, por parte de servidores públicos que se enriquecen a costa de lo que a los primeros les corresponde. Este esquema de corrupción exige la creación de mecanismos para la salvaguarda de los bienes jurídicos tutelados.

En este libro se expone, mediante el análisis de casos, que en México no existen sanciones ejemplares para aquellos funcionarios de la más alta jerarquía que actúan para desviar o apropiarse del recurso público destinado a cubrir necesidades elementales, como la educación, la salud, la infraestructura, la seguridad y la vivienda. La falta de aplicación de los fondos destinados para estos rubros ha causado un daño social irreversible, y los ciudadanos no cuentan con medios de defensa contra esas conductas abusivas del poder. La malversación representa una grave violación a los derechos humanos, y la afectación que estos comportamientos ocasionan, en razón de la distracción del presupuesto asignado a procurar el desarrollo integral de los individuos y las comunidades, debiera ser castigada severamente.

Uno de los casos emblemáticos que se presentan ejemplifica la «teoría del dominio del hecho» de Claus Roxin, en la que la imputación del «sujeto de atrás» se establece a partir de la existencia de un autor mediato que ejerce el dominio de la voluntad sobre los ejecutores materiales, dentro de un engranaje en el aparato de gobierno.