Alquiler turístico de viviendas de uso residencial y derecho de la competencia

Este estudio se centra en las regulaciones autonómicas del alquiler turístico de viviendas de uso residencial desde la perspectiva del Derecho de la Competencia, analizando las posibles restricciones anticompetitivas. Se realiza un estudio exhaustivo del alquiler turístico, acompañado de un análisis de las más recientes sentencias sobre el tema, con especial atención a las decisiones del Tribunal Supremo dictadas en los años 2018 y 2019.
200
DUO Colecc. Monografías
978-84-1346-606-4
978-84-1346-607-1
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Materia Mercantil, Derecho de la Competencia
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SINOPSIS

Estudio de las regulaciones autonómicas del alquiler turístico de viviendas de uso residencial desde la perspectiva del Derecho de la Competencia analizando las eventuales restricciones anticompetitivas:

  • Estudio exhaustivo del alquiler turístico desde la perspectiva del Derecho de la Competencia
  • Análisis de las más recientes sentencias sobre la materia, en especial las sentencia del Tribunal Supremo dictadas en los años 2018 y 2019.

Apol·lònia Martínez Nadal es Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de las Illes Balears.
Destinado a juristas, economistas, abogados, administraciones, asesores empresariales y empresarios del sector turístico.

Extracto:
Dedicamos fundamentalmente este estudio al análisis de las regulaciones autonómicas del alquiler turístico en el Derecho español, y, de forma particular, al estudio de las eventuales restricciones y prohibiciones legales, desde el punto de vista del Derecho de la Competencia. Para ello tenemos en cuenta no solo la posición de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (que se ha pronunciado al respecto en distintos informes) sino también los pronunciamientos de nuestros tribunales sobre la materia (en especial las recientes y clarificadores sentencias del Tribunal Supremo) y también las últimas tendencias académicas respecto de las finalidad y objetivos del Derecho de la Competencia en la actualidad. Se trata, básicamente, de determinar el carácter justificado o no de las exigencias restricciones legales, básicamente a la vista de la existencia de una “razón imperiosa de interés general” que les sirva de fundamento, noción esta, fundamental y clave para la justificación de eventuales restricciones. Todo ello partiendo de la premisa de la necesidad de conciliar los distintos intereses en juego en la regulación de esta actividad económica con múltiples y diversas implicaciones.

 

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MARTÍNEZ NADAL,APOL·LÒNIA