El artículo 156 párrafo segundo del Código Penal, regula la posibilidad de que pueda pedirse autorización judicial para proceder a la esterilización de un incapacitado. Esta regulación se contiene a propósito de la tipificación del delito de lesiones. La misma, plantea el problema práctico de concretar qué personas pueden consentir su propia esterilización, sin que ello lleve aparejado reproche penal, y qué personas no pueden consentirla, aunque el juez sí que pueda autorizarla. Estos problemas se dan en el caso de los disminuidos psíquicos. En el trabajo se concreta si es preciso que estas personas estén o no incapacitadas judicialmente, si deben ser necesariamente mayores de edad y el tipo de enfermedad que deben padecer para que la Jurisdicción pueda actuar autorizando su esterilización. El estudio se completa con el análisis de los aspectos objetivos relevantes, sobre todo, el referente a la proporcionalidad de la medida.

Libro FE El abogado eficaz (4.ª edición)

Esta monografía pone el foco en las principales preocupaciones e intereses que se suscitan entorno a las multas de tráfico, delitos contra la seguridad vial, seguros obligatorios y voluntarios, baremo de daños e indemnizaciones por accidentes de tráfico, así como los diferentes procesos judiciales y cuestiones prácticas de orden procesal tendentes a hacer valer los derechos de los afectados.

El Código penal ha experimentado también diversas reformas en el ámbito de los delitos patrimoniales, económicos y contra la Administración pública, con el objeto de responder frente a este tipo de criminalidad, a la que en tiempos de crisis se ha de responder aún más contundentemente. Tomando como base determinados casos de actualidad en los últimos tiempos, se analiza hasta qué punto las normas penales vigentes pueden sancionar este tipo de comportamientos, con el objetivo de ofrecer posibles soluciones jurídicas a tales supuestos, y a la vez revelar posibles deficiencias de nuestro ordenamiento jurídico en la sanción de estos comportamientos irregulares.

El contenido básico de la reforma (ley y reglamento) obliga a abordar numerosos aspectos que resultan capitales: las determinaciones conceptuales, la servidumbre de protección, el deslinde, la protección medioambiental de determinados ecosistemas -con una especial afectación en marismas, salinas, dunas o acantilados-, la ampliación de las concesiones a 75 años, el rescate o expropiación de los derechos concesionales, la exclusión del dominio público marítimo terrestre de núcleos con independencia de que la ocupación sea con título o sin él, legales o ilegales, el derecho de reintegro, la suspensión gubernativa de actos y acuerdos adoptados por las entidades locales, el régimen jurídico de determinadas playas, chiringuitos y adscripciones, y el interés especulativo de un entorno muy sensible.

Afronta los problemas más importantes del Derecho de Sucesiones en España, incidiendo en las perspectivas de una futura y necesaria reforma, para acomodar este Derecho a la situación existente.

Estudio del marco de actuación de los administradores de una sociedad concursada, a partir del análisis de las funciones y la posición jurídica de los administradores fuera y dentro de las situaciones concursales.

La presente obra analiza la reforma de la ejecución hipotecaria (Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social) que pretende acomodarse a las exigencias de la normativa comunitaria y, a su vez, generar algunos mecanismos que permitan amortiguar el impacto de de las ejecuciones hipotecarias ante el clamor social que exige paralizar los desahucios de familias en claro riesgo de exclusión.

Libro FE Compendio de Derecho sucesorio (3.ª Edición)

La presente obra aborda de forma exhaustiva el marco jurídico que delimita las relaciones paterno-filiales, así como el análisis de los nuevos modelos de familia y a las consecuencias y efectos jurídicos que se desencadenan en el ámbito de las relaciones paterno-filiales

El asesoramiento en materia administrativa, debe tener una doble visión: la vía administrativa y la vía jurisdiccional. A ello hay que añadir, además, que la jurisdicción contencioso-administrativa es creadora del propio derecho administrativo, en muchos casos, con lo cual, su función excede, a veces, de un propio remedio procesal.

Texto de consulta para quienes en el ejercicio de su actividad profesional necesiten en un momento dado un dato legislativo, una referencia jurisprudencial, la aclaración de algún concepto legal o cualquier otra indicación puntual, acerca de alguna de las instituciones que conforman esta especialidad, sin necesidad de acudir para ello a esas otras obras, completísimas y documentadas sin duda, pero de manejo más complicado para una información de esa naturaleza.