Los procesos de familia contienen significativas particularidades especialmente en materia probatoria. A lo largo de esta obra se exploran e identifican los elementos diferenciales y se examinan desde el prisma de la doctrina procesalista.

Las sociedades desarrolladas toman conciencia de los derechos civiles de grupos sociales discriminados o en riesgo de estarlo. Esto explica la entrada en vigor de normas legales que protegen el derecho a la igualdad frente a exclusiones por diversas causas y ámbitos.

Con fundamento en la convergencia de los progresos en microelectrónica, informática y telecomunicaciones, asistimos a cambios profundos y acelerados en la forma de producirse las relaciones sociales en múltiples ámbitos como el trabajo, la educación, el ocio, las actividades económicas o la participación política. El sistema judicial ha de responder a los nuevos retos derivados de la sociedad de la información, es decir, a los cambios sociales relacionados con la adquisición y difusión de la información a través de las redes de comunicación; y en concreto, al conjunto de servicios que se prestan mediante un equipo informático o un dispositivo electrónico a solicitud de persona receptora del servicio.

La aproximación al tema comienza por el estudio de la instrucción sumarial, a fin de tener una visión amplia de la importancia de las primeras fases del proceso penal, para lo que se parte del proceso acusatorio como consideración general y de la figura del juez de instrucción; para adentrarse, a continuación, en el examen de la intervención de la policía judicial y acerca de cómo juega el derecho de defensa del investigado durante la actuación de ésta. Finalmente, se destaca la actuación del Ministerio Fiscal en la instrucción penal española, para terminar con la eficacia de los actos de prueba en los casos del incidente probatorio italiano o del aseguramiento de prueba en el proceso español.

La responsabilidad profesional está inmersa en una modalidad de responsabilidad que, aunque no específicamente regulada en el Código Civil, se concreta en el cumplimiento de las obligaciones nacidas de un contrato, si bien sus consecuencias no solo se traducen en ese ámbito, sino también en el extracontractual. La obra constituye una herramienta necesaria para quienes deseen un conocimiento preciso de la responsabilidad derivada de las actuaciones profesionales, para lo cual se estructura sobre de un examen de los principios generales de esta materia, tales como la relación de causalidad o la cuantificación del perjuicio, elementos que se extrapolan a ciertos ámbitos de actuación tales como los profesionales de la sanidad, los relacionados con el Derecho ―abogados, procuradores y notarios―, los administradores de fincas y los periodistas.

Trata en profundidad todos los aspectos de la realización de la hipoteca en el proceso (declarativo, monitorio y realización notarial), ya que la ejecución hipotecaria (como proceso) ha dejado de ser la única modalidad procesal para la realización de la garantía.

La obra propicia el equilibrio entre la eficacia en la persecución de los delitos de violencia de género y el respeto fundamental a los derechos procesales de las partes intervinientes en el juicio penal.

La obra expone los temas de pruebaque se presentan en la  prácticajudicial y la solución que han merecido. Prevalecen las presunciones y argumentos de prueba, pero tampoco se desechan supuestos de aplicación de medios directos que ayudan a configurar una estrategia probatoria.    

La décima edición de la Práctica Contenciosa para abogados hace de esta obra como una auténtica Colección, llamada a perpetuarse en el tiempo como crónica de los casos litigiosos más importantes del panorama judicial español del derecho de los negocios

La obra, a través de sus diversas ediciones anuales, se ha marcado como objetivo ser la publicación jurídica de referencia para los profesionales de la práctica laboralista, y a la vez, constituirse en el máximo exponente de la evolución de dicha práctica en España

Analiza  los casos más significativos que los grandes despachos  han defendido ante los Tribunales de Justicia o las cortes arbitrales durante el año 2016.

Ante una delincuencia organizada cada vez más compleja, tanto en su actuación como en cuanto a la capacidad para desarticularla, se cuestiona la operatividad de los medios tradicionales, por lo que las autoridades están optando por una Justicia penal negociada