Una forma diferente, sencilla y ágil de acercarse a la contratación pública. El contenido de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público y su normativa de desarrollo, explicado en clave práctica en forma de preguntas y respuestas.

La presente monografía está pensada para apoyar y dar cobertura a la tarea del interventor a la hora de llevar a cabo el control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria.

Cumple eficazmente con la obligación normativa de proteger a las personas que alerten sobre prácticas irregulares

La Tesorería local y sus funciones, a partir de los recursos de los que disponen para financiarse: IBI, IAE, IVTM, ICIO, IIVTNU; Tasas, precios públicos y prestaciones patrimoniales de carácter no tributario. Gestión, recaudación e inspección.

El régimen jurídico del empleo público en España, prestando especial atención a la regulación de la temporalidad en el ámbito de las relaciones laborales de empleo público (Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad).

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Tratamiento integral y completo de los diversos aspectos que conforman el régimen jurídico aplicable a la función pública con las particularidades y especialidades propias de las Administraciones Locales.

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La potestad de fomento y, en consecuencia, las subvenciones públicas, viene experimentando un importante auge que se ha cristalizado en un amplio desarrollo autonómico de la legislación estatal, el cual, es objeto de análisis en la presente obra.

Se examina el régimen jurídico del procedimiento administrativo en clave local. Puesto al día a partir del RD 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

Examina el diseño normativo en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como en lo relativo a la protección de datos personales poniendo especialmente el foco en las singularidades que aplican a las entidades locales.

Manual para la impugnación de oposiciones de acceso a las Administraciones públicas y ello tanto para los propios opositores como para los miembros de las comisiones de selección como, por último, los letrados que entablen un recurso contencioso administrativo.