El contenido básico de la reforma (ley y reglamento) obliga a abordar numerosos aspectos que resultan capitales: las determinaciones conceptuales, la servidumbre de protección, el deslinde, la protección medioambiental de determinados ecosistemas -con una especial afectación en marismas, salinas, dunas o acantilados-, la ampliación de las concesiones a 75 años, el rescate o expropiación de los derechos concesionales, la exclusión del dominio público marítimo terrestre de núcleos con independencia de que la ocupación sea con título o sin él, legales o ilegales, el derecho de reintegro, la suspensión gubernativa de actos y acuerdos adoptados por las entidades locales, el régimen jurídico de determinadas playas, chiringuitos y adscripciones, y el interés especulativo de un entorno muy sensible.

El asesoramiento en materia administrativa, debe tener una doble visión: la vía administrativa y la vía jurisdiccional. A ello hay que añadir, además, que la jurisdicción contencioso-administrativa es creadora del propio derecho administrativo, en muchos casos, con lo cual, su función excede, a veces, de un propio remedio procesal.

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